Fue por un reclamo del gremio de los pilotos, liderado por Pablo Biró. El Juzgado del Trabajo N°42 determinó que la reglamentación dispuesta por el Gobierno iba en contra del derecho a huelga.
Un juzgado laboral suspendió este jueves la reglamentación impulsada por el Gobierno de Javier Milei para declarar como «servicio esencial» la actividad aeronáutica, haciendo lugar a un amparo que había presentado el gremio de los pilotos. El fallo considera que dicha reglamentación es contraria a la Constitución Nacional y viola el derecho a huelga.
Así lo determinó el Juzgado del Trabajo N°42, a cargo del Dr. Ricardo Hierrezuelo, que dispuso como medida cautelar suspender los Decretos 825/24 y 831/24, con los que el gobierno había avanzado tras dos semanas de paros por parte de pilotos y personal aeronáutico.
Según el fallo, la medida cautelar correrá por los próximos tres meses y será exclusiva para los trabajadores de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), el gremio encabezado por Pablo Biró.
A través de una presentación, APLA había planteado que el gobierno buscaba limitar el derecho a huelga con la medida. Finalmente, el juez les dio la derecha al respecto. Luego de la resolución, la entidad celebró la medida con un comunicado.
«Contestaremos a cada ilegalidad con mayor convicción sobre las razones de nuestros reclamos. Advertimos que el gobierno, con cada medida con que se involucra en el conflicto pone en evidencia, repetidamente, situarse como parte del mismo y, con ello, confundir su función de poder público con la de empleador o, peor aún, con la de intereses distintos a los del Estado Nacional y el patrimonio público, violando escandalosamente las normas vigentes y determinado responsabilidad por ello. Una vez más, la razón y la ley están de nuestro lado», sostuvieron.
En su fallo, el juez indica que la medida pedida por APLA es la «única eficaz» para no limitar la posibilidad de protestar en el marco del conflicto salarial que tienen con Aerolíneas Argentinas.
Fue la segunda derrota del gobierno esta semana en su pelea con Biró. Ayer, el fiscal Franco Picardi había desestimado la denuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por «incitación a la violencia» por parte del sindicalista.
«El Gobierno está jugando todas la cartas muy fuerte y no estamos dispuestos a vivir bajo una tiranía. Vamos a defender el interés colectivo, vamos a recurrir a la Justicia con amparos y medidas cautelares», había adelantado el gremialista al ser consultado por la decisión del gobierno en una entrevista con radio Mitre.
Ante la pregunta de si esto llevará a una mayor tensión con el Gobierno, Biró respondió que «el conflicto es grave se va a poner mucho peor». Esas declaraciones habían despertado las denuncias de Bullrich, ahora desestimadas.
El conflicto gira alrededor de una paritaria salarial por los sueldos de Aerolíneas en la cual los pilotos reclaman una recomposición del 70% y los tripulantes de a bordo piden un piso de aumento del 25%. Aerolíneas y la Secretaría de Transporte ofertaron un 10,8% acumulado para el período junio-agosto.
Por ese motivo habían avanzado con medidas de fuerza de fuerza por 24 horas la semana pasada, que se extendieron desde las 12 del viernes e impactó en más de 300 vuelos y dejó a unos 37.000 pasajeros sin poder viajar.
En respuesta, el gobierno había lanzado el Decreto 825/24, que modifica un único artículo del Código Aeronáutico (Ley 17.285), el Artículo 2, donde declara como «esencial» la «la actividad aeronáutica civil aerocomercial, pública o privada».
«Debe pre avisarlo a la otra parte y a la Autoridad de Aplicación en forma fehaciente y con al menos CINCO (5) días de anticipación a la fecha en que se realizará la medida», dice la reglamentación.
De esa manera, ningún gremio podrá realizar una medida de fuerza sin que tanto las empresas como los pasajeros puedan tomar los recaudos que corresponden.
Fuente: clarin.com