El país vivió una jornada de violencia extrema con un helicóptero policial derribado en Antioquia y un camión cargado con explosivos que explotó frente a una base aérea en Cali.
Colombia atraviesa momentos de alta tensión tras dos atentados que estremecieron al país este jueves. En el primero de ellos, registrado durante la mañana, un helicóptero de la Policía fue derribado en Amalfi, Antioquia, en un ataque atribuido a disidencias de las FARC. En paralelo, por la tarde, un camión cargado de explosivos detonó frente a la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, la tercera ciudad más poblada.
Según informaron fuentes oficiales y AFP, los agresores combinaron el uso de fusiles con un dron cargado de explosivos, dejando como saldo la muerte de 12 efectivos. La operación policial en la región se encontraba destinada a la erradicación de cultivos de hoja de coca, una tarea que ha sido foco de confrontaciones con grupos armados ilegales durante años.
El segundo ataque dejó al menos seis civiles muertos y más de 60 personas heridas, según reportes de la Defensoría del Pueblo. El presidente Gustavo Petro aseguró que este hecho fue una respuesta de los rebeldes a los operativos en la zona conocida como el Cañón del Micay y condenó la brutalidad de los ataques, calificándolos de terroristas.
Las autoridades identificaron a los responsables: disidencias de las FARC, enfrentadas entre sí y contrarias al acuerdo de paz firmado en 2016, además del Clan del Golfo en algunas operaciones de logística.
Tras los hechos, el ejército colombiano desplegó todas sus tropas en Antioquia y reforzó la seguridad con operaciones aéreas y artillería. Mientras tanto, en Cali, el alcalde Alejandro Eder ordenó la militarización de la ciudad y aumentó la vigilancia en accesos estratégicos para contener posibles nuevos ataques.
La violencia llega en un momento crítico, con Colombia a menos de un año de las elecciones presidenciales, y evidencia la fragilidad de la seguridad en varias regiones. Los atentados han provocado alarma social y un llamado urgente a reforzar la inteligencia y la presencia estatal en zonas históricamente conflictivas.
Las autoridades continúan investigando los hechos para identificar a todos los responsables y evitar que se repitan este tipo de ataques, que impactan gravemente en la población civil y en la estabilidad del país.