La suspensión del giro de fondos y el corte de las obras públicas para las provincias desencadenó una etapa crucial de negociación en el Congreso. Sin embargo, ante la incertidumbre de posibles acuerdos, las diferentes provincias se ven obligadas a considerar alternativas para asegurar el pago de sueldos, las prestaciones de salud, la educación y la finalización de obras públicas.
1. Ley de Coparticipación
La Ley 23.548, vigente desde 1988, requiere una actualización que debe contar con la aprobación del 100% de las provincias. Estipula la distribución de la recaudación de impuestos coparticipables, asignando un 42,34% automáticamente a la Nación, un 54,66% a las provincias adheridas, un 2% para la recuperación del nivel relativo de algunas provincias y un 1% para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias. La decisión del Gobierno nacional de reducir los fondos discrecionales plantea la necesidad de revisar esta ley para garantizar una distribución equitativa.
Chaco recibe 5,18%, después Buenos Aires 19,93%, Catamarca 2,86%, Córdoba 9,22 y Corrientes 3,86%.
2. Pactos Fiscales
Los consensos fiscales entre la Nación y las provincias, firmados entre 2017 y 2020, propusieron cambios en la estructura impositiva. A pesar de su firma, muchas metas pactadas no se mantuvieron, lo que podría llevar a un aumento de los impuestos locales como respuesta a la reducción de aportes nacionales.
3. Las Cuasimonedas
Las cuasimonedas, surgidas durante la crisis de 2001, permitieron a las provincias, entre ellas a Chaco que utilizó los quebrachos, enfrentar sus obligaciones emitiendo títulos de circulación como medio de pago. Sin embargo, en esta ocasión, no existiría un título nacional para rescatar estas emisiones, obligando a cada provincia a gestionar su endeudamiento y desendeudamiento de manera autónoma.
4. Ley Antievasión
La Ley 25.345 establece que pagos superiores a mil pesos deben realizarse mediante medios de pago aprobados. La AFIP, en un momento, excluyó las cuasimonedas como medio de pago autorizado, aunque posteriormente modificó su postura alegando que no violaban la ley antievasión al ser un medio de pago en especie.
5. Impuesto al Cheque
La Ley 27.725 eliminó el régimen de retención del impuesto a las Ganancias sobre sueldos, generando tensiones con las provincias. La promesa de compensar esta pérdida con el impuesto al cheque y el impuesto PAIS se enfrenta ahora al desafío de que los fondos de este último se destinan completamente a ANSES. La posible reversión de esta ley plantea nuevos desafíos financieros y fiscales.
Sin embargo, es sabido que el Gobierno planea enviar al Congreso un proyecto para reinstaurar Ganancias. A partir de enero de 2024, los trabajadores en relación de dependencia podrían empezar a pagar Impuesto a las Ganancias desde sueldos de $ 976.516 brutos mensuales si se aprueba un proyecto de ley.
Ante este contexto, la Provincia de Buenos Aires contempla la posibilidad de emitir su propia moneda, según Carlos «Carli» Bianco, ministro de Gobierno de Axel Kicillof. Bianco destaca que la Constitución lo permite y que, aunque no están avanzando en esa dirección por ahora, se evaluará si es necesario para paliar déficits de liquidez. Asegura que el gobierno de Kicillof es austero y critica el ajuste propuesto por Milei. La opción de emitir moneda es diferente a los patacones emitidos en 2001. El Banco Provincia, fundado antes del Pacto de San José de Flores, tiene la facultad de emitir moneda.