El Ejecutivo quiere fijar un tope salarial de 20 salarios mínimos vitales y móviles, que hoy serían $4.056.000, para los presidentes de los tres poderes del Estado y busca establecer que el resto de los funcionarios esté por debajo. La Casa Rosada también quiere que perciban los mismos aumentos de los haberes previsionales y que no puedan modificarse los sueldos de forma arbitraria.
El proyecto, elaborado por la diputada del PRO Silvia Lospennato, está siendo pulido por la mesa técnica del Gobierno, que está integrada por el expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger, el vicejefe de gabinete José Rolandi, el secretario de Legal y Técnica Javier Herrera Bravo y el asesor presidencial Santiago Caputo.
La propuesta incluye una cláusula transitoria que congele los sueldos jerárquicos que estén por encima de los 20 salarios mínimos vitales y móviles, es decir, $4.056.000. Esta medida aplicaría para la vicepresidenta, ministros, secretarios, subsecretarios, diputados, senadores, jueces de la Corte Suprema, el Defensor del Pueblo, el presidente de la Auditoría General, el Procurador General de la Nación, el Defensor General de la Nación, los consejeros de la Magistratura, entre otros.
El proyecto también establece que no puede haber una diferencia menor al 10% entre los funcionarios con sueldos jerárquicos y los que siguen en la escala de remuneración estatal. El Ejecutivo todavía no tiene previsto el detalle de las escalas salariales, pero reconoce que debería realizarse en la reglamentación de la ley, en caso de que se apruebe.
En los fundamentos del proyecto, Lospennato expresa: «Los salarios de los altos funcionarios de los poderes del Estado comparados con el Salario Mínimo Vital y Móvil representan una innegable brecha salarial entre estos y el resto de la población; generando una situación de injusticia e inequidad incompatible con los principios rectores de nuestro Estado de derecho que es imperioso eliminar».
La propuesta también contempla que los salarios de los funcionarios se actualicen de acuerdo con la fórmula de movilidad del régimen de reparto vigente, ligada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta que se proponga la reforma previsional de fondo.
El proyecto forma parte de un paquete de leyes «anticasta» que el Gobierno enviará al Congreso, que también incluye la eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente, la prohibición de la presentación a elecciones nacionales de personas condenadas por corrupción en segunda instancia y la penalización por ley al presidente, ministro de Economía, funcionarios del Banco Central, diputados y senadores que voten «aprobar un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria». También se contempla la eliminación del financiamiento público de los partidos políticos y la reducción de los contratos de los asesores de diputados y senadores, entre otras medidas.