En paralelo a las acciones de sectores politicos contra el mega DNU del Gobierno, como los amparos de la CGT, la CTAyel de más de 500 intendentes del país que pidieron que se declare su inconstitucionalidad, crecen también en la Justicia las demandas de sectores de la economía en el mismo sentido. Ahora se sumó la industria del vino.
Una cámara que nuclea a más de 200 bodegas y empresas proveedoras del sector vitivinícola, Bodegas de Argentina, expresó su preocupación ante la aplicación de retenciones de 8% a las exportaciones del vino, medida contemplada en el proyecto de Ley Ómnibus.
“Aplicar derechos de exportación al vino, cualquiera sea su valor, tornan al negocio inviable y genera un impacto socioeconómico negativo”, indicaron a través de un comunicado.
En ese sentido, instaron a las autoridades nacionales “a rever la medida, a los gobernadores con desarrollo vitivinícola a ilustrar la situación frente a quien corresponda y a los legisladores nacionales a no apoyar las retenciones a las exportaciones de vinos, si se da la instancia correspondiente”.
La advertencia se da luego de que el viernes la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) -que representa a más de 5000 agencias en el país-, fuera más allá: presentó un amparo para pedir la inconstitucionalidad del DNU 70/2023. Específicamente, el punto que deroga el régimen general de los agentes de viajes, enmarcado en la ley 18.829.
“Es fundamental resaltar que la derogación del régimen de agentes de viajes impacta directamente sobre los derechos adquiridos por las empresas de viajes y turismo que, cumpliendo con esta ley, brindan seguridad a los pasajeros y estabilidad al sector”, afirmó el presidente de Faevyt, Andrés Deyá.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/artear/MN5UEKTYYFDLTGRNAV5L2M7J6Q.jpeg?w=790&ssl=1)
En tanto, si bien expresaron su apoyo en general a la Ley Ómnibus, la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), que se agrupa la industria productora y exportadora de la actividad, reclamó cambios en el megaproyecto.
“La libre importación de biodiésel o materias primas para la elaboración de biodiésel, ahora permitidas, deben contar con la debida cláusula de reciprocidad con el resto de los países en cuestión”, pidieron mediante un comunicado.
“Entendemos importante se introduzca una política de ‘convergencia’ con el Mercosur en cuanto a los mandatos de biocombustibles (especialmente con Brasil) en virtud de la integración y similitud que se pueda tener en el parque automotriz, y agroindustrial, por lo cual se puedan establecer cortes obligatorios de biodiésel del 14% para este 2024 y elevarlo al 15% para el 2025, pudiendo la autoridad de aplicación establecer un mínimo (en casos excepcionales y justificados) del 10% y elevarlo cuando se necesite acorde a las políticas de transición energéticas a adoptarse”,
Pidieron corregir el artículo que habilita a aplicar a los biocombustibles los gravámenes que pesan sobre los combustibles fósiles: el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2),establecido en la actual ley 27.240.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/artear/EQLSAGFGOFCIHFASAR345RUC5Y.jpg?w=790&ssl=1)
El proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos generó rechazo -además- en la industria pesquera a partir de la desregulación que propone el Gobierno para el sector. El reclamo escaló a la política y los gobernadores patagónicos –Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz)– unieron voces en contra esta última semana.
Antes, los farmacéuticos también expresaron su resistencia al DNU. El 29 de diciembre, la Confederación Farmacéutica Argentina (CoFA) apuntó contra las medidas de Milei al asegurar que “la profesión ha sido profundamente afectada y gravemente agredida por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. Esta medida pone en riesgo la salud de la población y el acceso de todos a los medicamentos”.