Lo que comenzó como un operativo de alto impacto que movilizó recursos policiales y generó una fuerte repercusión en la provincia del Chaco, terminó en una resolución inesperada: los presuntos delincuentes detenidos este martes en Pampa del Infierno fueron liberados por orden del fiscal Soto, con jurisdicción en Presidencia Roque Sáenz Peña.
El giro en la causa sorprendió tanto a la comunidad como a los propios efectivos policiales que participaron del procedimiento. Según trascendió, los detenidos habrían pasado a ser considerados como víctimas, aunque las versiones sobre lo ocurrido siguen siendo confusas y contradictorias. Hasta el momento, no se ha dado una versión oficial clara ni una explicación detallada sobre los motivos que llevaron a la liberación inmediata.
Este nuevo episodio dejó en evidencia una vez más la fragilidad del sistema judicial provincial, donde operativos que implican movilización de patrulleros, personal especializado y gastos logísticos, muchas veces no conducen a resultados concretos ni sostenibles en el tiempo.
En el ambiente policial, el malestar es evidente. «Nos hacen arriesgar a nosotros y a terceros en procedimientos que después terminan en la nada», expresó con frustración una fuente cercana al operativo. Desde distintos sectores se cuestiona la falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad y la justicia, así como la falta de claridad a la hora de comunicar avances o decisiones.
Mientras tanto, en Pampa del Infierno y otras localidades del interior chaqueño, crece el descreimiento en el accionar institucional y la sensación de que los esfuerzos por combatir el delito se ven frustrados por decisiones judiciales poco claras o contradictorias.
La causa sigue abierta, pero el escenario sigue siendo turbio y sin certezas. Lo único claro es que, una vez más, se ha movilizado toda una estructura estatal para un procedimiento que terminó sin resultados concretos.