Los tres defensores oficiales de Sáenz Peña presentaron un Habeas Corpus ante el Superior Tribunal de Justicia, en la Sala Constitucional. «Se puso en conocimiento a través de videos y filmaciones de una serie de irregularidades que son de público conocimiento que ocurrieron en el Servicio Penitenciario II de Sáenz Peña», afirmaron.
Solicitaron que «cese con el agravamiento de las condiciones de detención de los internos de esa unidad penitenciaria». «Es la suma en un todo lo que está ocurriendo en el Complejo Penitenciario donde hay una sistemática mecanización de dejar hacer y dejar pasar para que los presos en definitiva terminen matándose y de esa manera mostrarle a la sociedad que son unos inadaptados», dijo el Defensor Oficial N°2 Matías Jachesky en contacto con Diario Chaco.
Agregó en tal sentido que «la realidad es que está todo de alguna u otra manera fogoneado por la misa autoridad penitenciaria».
El Defensor Oficial N° 2 mencionó como dato que «se detectó un cuadro, una fotografía en el lugar de admisión -donde ocurren la mayoría de las violaciones a los derechos humanos – se detectó una foto del ex general Videla, pegada en la pared, lo que no es un dato menor sino que demuestra que hay una línea ideológica permanente de maltrato psicológico y físico a los detenidos, además de todas las irregularidades que se detectan a diario y que fueron motivo de distintos Habeas Corpus». «Este último se presentó en el Superior Tribual de Justicia porque la situación no da para más», señalaron los defensores.
Cabe recordar que anteriormente se había presentado otra medida similar anticipando «que esto que ocurrió iba a ocurrir». En ese momento el Juez de Ejecución Penal hizo lugar al Habeas Corpus: «Nos dio la razón y pidió que cese todo tipo de situación anormal y sin embargo siguió ocurriendo con dos muertes más, una en febrero y otra ahora», señaló Jachesky.
Reconoció que la situación sigue agravándose «a tal punto que el mismo homicida sigue filmándose y haciendo saber a través de redes sociales que van a continuar con las grescas, todo ante la inacción del Fiscal de Investigaciones cuya finalidad en el artículo 1 que prevé las reglas de la Investigación Penal Preparatoria establece claramente que se debe impedir que el delito cometido produzca consecuencia ulterior». Aseguró en ese punto el defensor oficial que «nada se hace y se deja que haya un permanente estado bélico en el penal, con un solo objeto, presentar a la sociedad que la cárcel es un lugar donde están los malos».
Jaschesky subrayó que «a partir de la inacción del Servicio Penitenciario y de la inacción después del delito de los órganos judiciales investigativos, se fogonea de una manea u otra el dejar hacer o el dejar pasar y esto provoca que la cárcel se convierta en un lugar de agresión permanente».
«La cárcel –dijo– lejos está de ser un lugar de readaptación social, está siendo un infierno, como lo fue toda la vida pero ahora aún más, porque hay toda una conducta del Servicio Penitenciario que no investiga los órganos judiciales y permitir que todo esto pase».
LA INTERVENCIÓN DEL STJ
Se supo que luego que, tras la presentación del Habeas Corpus colectivo, la presidenta del STJ requirió al Servicio Penitenciario y de Readaptación Social de la Provincia del Chaco, al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia del Chaco, un informe circunstanciado acerca de los antecedentes expuestos, que deberá ser evacuado en el término de veinticuatro horas de su notificación. También se notificó al gobernador Jorge Capitanich y a la Fiscalía de Estado.
Por otro lado, y ante las denuncias formuladas por los internos de la Unidad Penitenciaria que podrían implicar la comisión de delitos de acción pública por parte de personal del Servicio Penitenciario y de Readaptación de la Provincia, se remitieron las mismas a la fiscal en lo Penal Especial de Derechos Humanos de Presidencia Roque Sáenz Peña, Silvia Slusar.
También se puso en conocimiento de la presentación al Comité Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes y a la Secretaría de Derechos Humanos y de Géneros de la Provincia.